Alerta por vacíos legales en el Ministerio de Educación y apatía política en el Concejo: Dos hechos que encienden las alarmas en el sector público
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha puesto en consulta pública el proyecto de decreto PN-2026-32629, una propuesta reglamentaria que busca modificar el Decreto 1075 de 2015 en lo relativo a la administración y prestación del servicio educativo en colegios oficiales. Sin embargo, la medida desató una fuerte controversia jurídica, constitucional y fiscal.
OBSERVACIONES DECRETO PN-2026-32629 – 26 DE AGOSTO 2026
La Little Guardians Foundation, a través de su representante legal suplente Luis Guillermo Pérez Pérez, radicó observaciones formales ante el Ministerio solicitando el archivo inmediato o la reformulación integral del proyecto. En caso de que el Gobierno insista en su expedición, la organización anunció que interpondrá un medio de control de nulidad ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión provisional de sus efectos.
Entre las principales alertas radica que el proyecto pretende reclasificar los contratos de administración de colegios públicos como simples «contratos de apoyo a la administración». Con este cambio terminológico, se busca eliminar el filtro legal que exige demostrar la insuficiencia de la red pública antes de entregar la gestión educativa a privados. Al retirar esta salvaguarda, se permitiría que particulares asuman la dirección, operación, orientación pedagógica y administración de instituciones oficiales incluso en municipios con capacidad e infraestructura suficiente.
Asimismo, preocupa el impacto fiscal y presupuestal, dado que estos contratos podrían extenderse hasta por 12 años, comprometiendo vigencias futuras y recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). A esto se suma la vulneración a la autonomía escolar, al sugerir que el contratista aportará su propio Proyecto Educativo Institucional (PEI) desplazando a la comunidad educativa, y el hecho de que el Gobierno recortó el plazo ordinario de consulta ciudadana de 15 a solo 7 días.
Paralelo a esta discusión de alcance nacional, en el plano local la veeduría ciudadana enfrenta un panorama de desinterés institucional. Durante la más reciente Audiencia de Pacto de Cumplimiento dentro de la Acción Popular referente al tema CATASIG, la diligencia fue declarada fallida debido a la inasistencia de la gran mayoría de los actores convocados.
De la corporación y del grupo de concejales demandantes, el único corporado que asistió y permaneció hasta el final de la diligencia fue el concejal Leonardo Infante. Por el lado de los coadyuvantes, la deserción fue casi total: el ex concejal Felipe estuvo ausente y los únicos representantes que acudieron a respaldar el proceso fueron la Fundación Little Guardians y la Veeduría Ciudadana, dejando al descubierto la falta de acompañamiento de la dirigencia política en estos procesos colectivos.
Informe Radar Normativo Colombia – 2026-08-26
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