Contrato de servicios públicos de la Comuna 7 de Yopal podría quedar suspendido por falta de recursos

     

La culminación del proyecto de redes de acueducto y alcantarillado de la Comuna 7 de Yopal enfrenta un nuevo obstáculo financiero. La falta de recursos disponibles llevó a la Gobernación de Casanare a plantear la suspensión temporal del contrato como una alternativa para evitar su liquidación y buscar una salida que permita completar las obras pendientes.

La situación fue analizada durante una mesa de trabajo en la que participaron representantes de la comunidad, líderes de diferentes sectores y miembros de las veedurías ciudadanas. En el encuentro, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, explicó que actualmente la suspensión sería la alternativa jurídica e institucional más conveniente para mantener vigente el proyecto mientras se buscan nuevas fuentes de financiación.

La obra tiene como propósito mejorar las condiciones de acceso a los servicios públicos para cerca de 25.000 familias distribuidas en 19 barrios de este sector de Yopal.

El proyecto necesita nuevos recursos

Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el contrato es la falta de recursos para completar la primera fase de las obras y poner en funcionamiento la Estación de Bombeo de Aguas Residuales, EBAR.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, serían necesarios aproximadamente 8.000 millones de pesos adicionales para completar los trabajos requeridos.

El proyecto fue adjudicado en 2022 y originalmente tenía un periodo de ejecución de 12 meses. Sin embargo, durante su desarrollo se presentaron diferentes dificultades administrativas y varias modificaciones en los tiempos establecidos, situación que terminó extendiendo considerablemente el plazo inicial.

El contrato también llegó a estar relacionado con un Procedimiento Administrativo de Control, PAC, adelantado por el Departamento Nacional de Planeación.

Avance de las obras y dificultades económicas

A pesar de los inconvenientes registrados durante los últimos años, la administración departamental aseguró que se han logrado superar algunos de los problemas que mantenían frenado el proyecto.

Entre las acciones realizadas se encuentra el levantamiento de embargos y el avance de la ejecución física de las obras, que actualmente se encontraría cercana al 95%, con participación de Acuatodos.

Sin embargo, el panorama financiero continúa siendo complejo.

El recorte en los recursos provenientes de regalías del departamento habría reducido la capacidad de la Gobernación para asumir de manera inmediata la nueva inversión que requiere el proyecto.

Esta situación deja a las autoridades ante la necesidad de buscar alternativas que permitan conseguir los recursos restantes sin abandonar una infraestructura que ya presenta un alto porcentaje de ejecución.

Comunidades siguen esperando soluciones

Mientras se define el futuro del contrato, habitantes de diferentes barrios continúan enfrentando dificultades relacionadas con el funcionamiento de las redes y la infraestructura existente.

Sectores como Salomé 2 y Getsemaní han expresado preocupación por diferentes situaciones que afectan directamente a las comunidades.

Durante la mesa de trabajo, voceros comunitarios y representantes de las veedurías expusieron problemas relacionados con cobros que consideran elevados, asociados, entre otros aspectos, a una avería presentada en un macromedidor.

También manifestaron inquietudes por el retraso en la individualización de los contadores y por la falta de instalación de las bombas sumergibles necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema.

A esto se suman preocupaciones relacionadas con la salubridad pública. Los líderes señalaron que algunos pozos sépticos se encuentran en condiciones que podrían representar riesgos para las comunidades, mientras que las excavaciones y pozos de inspección sin la señalización adecuada generan preocupación, especialmente durante la temporada de lluvias.

¿Por qué no se liquidaría el contrato?

Ante la situación financiera, una de las posibilidades que estaba sobre la mesa era la liquidación del contrato.

Sin embargo, esta alternativa fue descartada por el gobernador César Ortiz Zorro, quien considera que terminar definitivamente el contrato podría dejar parte de la infraestructura construida sin posibilidad de entrar en funcionamiento.

La suspensión temporal permitiría, en cambio, conservar el proyecto mientras la administración departamental busca los recursos necesarios para continuar con las actividades pendientes.

El objetivo sería utilizar este periodo para encontrar una solución financiera que permita completar las obras y entregar finalmente un sistema funcional a las comunidades beneficiarias.

Gobernación analiza diferentes fuentes de financiación

Para intentar garantizar la continuidad del proyecto, el Gobierno Departamental estudia varias alternativas.

Una de ellas consiste en revisar la posibilidad de trasladar recursos inicialmente destinados a otros proyectos, con el propósito de priorizar las obras que quedaron pendientes en la Comuna 7.

También se analiza la recuperación de aproximadamente 11.000 millones de pesos que estarían pendientes de devolución por parte de la Contraloría.

Otra posibilidad planteada durante el encuentro sería acudir a un mecanismo de endeudamiento, cuyos recursos estarían destinados exclusivamente a terminar proyectos heredados que permanecen inconclusos en diferentes sectores del departamento.

La decisión final dependerá de la viabilidad jurídica, financiera y presupuestal de cada alternativa.

La comunidad espera una solución definitiva

Para los habitantes de la Comuna 7, el proyecto representa una obra fundamental para mejorar la prestación de servicios públicos y las condiciones de vida de miles de familias.

Por esta razón, líderes y veedurías han insistido en la necesidad de encontrar una solución que permita culminar las obras y evitar que la infraestructura construida termine deteriorándose sin prestar el servicio para el cual fue diseñada.

La Gobernación, por su parte, deberá avanzar en la búsqueda de recursos mientras se define la suspensión del contrato y se establecen las condiciones para retomar posteriormente los trabajos.

Por ahora, el proyecto continúa con un alto porcentaje de ejecución, pero enfrenta una dificultad que podría mantener las obras detenidas: la falta de los recursos necesarios para completar la primera fase y garantizar el funcionamiento integral del sistema.

La expectativa de las comunidades está puesta en que durante el periodo de suspensión se encuentre una alternativa financiera que permita reactivar el contrato y llevar finalmente los servicios de acueducto y alcantarillado a los barrios que esperan esta infraestructura.

 

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