La candidata advierte sobre el riesgo de desplazamiento forzado de comunidades campesinas y exige investigar la adquisición del predio Peñasgordas por parte de la ANT
Bogotá, 26 de febrero de 2026. La candidata Paloma Valencia hizo un llamado urgente a la Contraloría, Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para intervenir en una situación que podría desembocar en el desplazamiento de comunidades campesinas en Dagua, Valle del Cauca. La denuncia se centra en la presunta compra irregular del predio Peñasgordas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que ocupa aproximadamente 272 hectáreas y ha sido históricamente habitado por familias campesinas desde hace más de 20 años.
Valencia afirmó que la intención de la ANT sería transferir estas tierras al resguardo indígena Yu Yik Kwe, lo que, de concretarse, implicaría el desplazamiento de las comunidades actuales. La candidata señaló que esta operación podría ser ilegal y representar un detrimento patrimonial, además de poner en riesgo la estabilidad y derechos de las familias afectadas.
La denuncia también recuerda que, en un caso similar en Chimichagua, la Contraloría encontró hallazgos fiscales por más de 4 mil millones de pesos en una compra de tierras ocupadas por comunidades campesinas. Desde noviembre pasado, Valencia ha solicitado información detallada a la ANT sin obtener respuesta. Incluso, tras ganar una acción de tutela y activar un incidente de desacato contra el director de la entidad, Felipe Harman, la información aún no ha sido entregada.
A pesar de un acuerdo de diálogo en agosto de 2025 para suspender la compra y encontrar una solución concertada, la comunidad denuncia que las negociaciones no prosperaron y que en febrero de 2026 funcionarios habrían amenazado con desalojos con apoyo de la Fuerza Pública. Por ello, la candidata hizo un llamado a los entes de control para evitar un posible desplazamiento y esclarecer los hechos en torno a la compra del predio Peñasgordas.
