Delitos sexuales contra dos hermanos menores de edad en Buenaventura
Un grave caso que involucra a dos menores de edad es investigado por las autoridades en Buenaventura, Valle del Cauca, luego de que la Fiscalía General de la Nación señalara a una mujer de estar presuntamente relacionada con hechos de violencia sexual contra dos hermanos, de 8 y 11 años.
La investigada, identificada como Sharon Hasbleidy Alomía Angulo, fue enviada a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, mientras las autoridades continúan recopilando elementos de prueba para esclarecer las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos.
Según la información entregada por el ente investigador, los presuntos abusos se habrían presentado durante varios meses de 2026, específicamente entre abril y septiembre. La investigación sostiene que la mujer habría tenido acceso a los menores debido a la confianza existente con su entorno familiar.
Los hechos son materia de investigación
De acuerdo con la Fiscalía, la procesada habría llevado a los dos hermanos a diferentes inmuebles ubicados en los sectores Centenario y San Francisco, en Buenaventura.
En esos lugares, según la hipótesis que maneja el organismo investigador, se habrían presentado los hechos por los cuales ahora responde ante la justicia.
Uno de los elementos que ha generado mayor preocupación dentro de la investigación está relacionado con el presunto uso de dispositivos electrónicos para registrar material de carácter sexual relacionado con los menores.
La Fiscalía sostiene que dicho contenido habría sido posteriormente utilizado y compartido con fines económicos o como material destinado a adultos, aspecto que hace parte de las evidencias que deberán ser examinadas durante el desarrollo del proceso judicial.
Fiscalía presentó los cargos
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a la mujer los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado.
La procesada no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
Sin embargo, tras analizar los elementos presentados durante la audiencia, un juez de control de garantías determinó que debía permanecer privada de la libertad en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso.
La medida busca garantizar su comparecencia ante la justicia mientras avanzan las diferentes etapas del procedimiento penal.
La investigación continúa
La decisión judicial no constituye una sentencia definitiva. La mujer mantiene su derecho al debido proceso y será la justicia la encargada de determinar, al término del proceso, si existe responsabilidad penal por los hechos que le fueron atribuidos.
Entre tanto, las autoridades deberán continuar con la recolección y análisis de pruebas, así como con las demás actuaciones necesarias para establecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que presuntamente se habrían cometido los delitos.
Por tratarse de un caso que involucra a menores de edad, las autoridades deberán mantener especial protección sobre la identidad y la integridad de los niños, evitando su exposición pública durante el desarrollo de las actuaciones judiciales.
Protección de los menores, una prioridad
Este caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos de violencia sexual que pueden enfrentar niños y niñas y sobre la responsabilidad de los adultos de protegerlos y actuar oportunamente ante cualquier señal de vulneración de sus derechos.
Las autoridades reiteran la importancia de denunciar situaciones que puedan poner en peligro a los menores y de acudir a las instituciones competentes cuando existan sospechas de violencia, abuso o explotación sexual.
La investigación continuará su curso y serán los resultados del proceso judicial los que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.
Mientras tanto, el caso permanece bajo seguimiento de las autoridades, con especial énfasis en la protección de los dos menores involucrados y en el esclarecimiento integral de los hechos.
