El salario de los ministros superará los 30 millones de pesos, en medio de un aumento del salario mínimo del 23% para todos los colombianos.
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En medio de un contexto económico donde millones de colombianos aún enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, el Gobierno de Gustavo Petro oficializó un incremento salarial para la alta gerencia pública que supera los 30 millones de pesos mensuales para los ministros del despacho en 2026. Este aumento, que forma parte de un paquete de 22 decretos, refleja una política de privilegio en la que los altos funcionarios reciben salarios que contrastan con la realidad de un salario mínimo de 2 millones de pesos, el cual también subió un 23% pero sigue siendo insuficiente para muchas familias. Mientras la población vulnerable lucha por acceder a alimentos y recursos básicos, los miembros del Gobierno y la élite administrativa disfrutan de sueldos millonarios, evidenciando una brecha cada vez más profunda en la distribución de recursos en el país.
El 25 de marzo de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro oficializó un aumento salarial del 7% para más de 1,3 millones de empleados públicos en Colombia, incluyendo a los ministros y altos directivos del Estado. Según el decreto 0297, los ministros del despacho recibirán salarios superiores a los 30 millones de pesos mensuales, cifras que contrastan con la realidad de millones de colombianos que enfrentan hambre y pobreza.
Mientras los altos cargos del Estado disfrutan de incrementos que reflejan la inflación y negociaciones colectivas, la población más vulnerable continúa soportando la crisis del hambre, con familias que deben recurrir a la olla de subsidios y a la ayuda de organizaciones sociales para sobrevivir. La discrepancia entre los salarios de los funcionarios públicos y la situación de la población en situación de pobreza evidencia las profundas desigualdades que persisten en el país.
Este aumento, que fue aprobado con recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación, se suma a la política de incrementar el salario mínimo a $2.000.000, un 23% más que el año anterior, mientras los sectores más vulnerables siguen en riesgo de desnutrición y pobreza extrema. La diferencia en la distribución de recursos y prioridades del Estado genera cuestionamientos sobre la justicia social y la equidad en Colombia
