Una mina antipersona en zona rural de Tibú
Un nuevo hecho relacionado con la presencia de minas antipersona generó preocupación entre las comunidades campesinas del Catatumbo, luego de que un menor de edad perdiera la vida en una zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.
La víctima fue identificada como Víctor Manuel Corzo, de 17 años, quien murió después de activar un artefacto explosivo mientras realizaba labores de campo en la vereda La Unión Vetas.
El hecho se registró en un sector rural ubicado en inmediaciones de la vía que conduce hacia el corregimiento de La Gabarra, una zona caracterizada por las dificultades de acceso y por la presencia de comunidades campesinas que diariamente utilizan caminos y corredores rurales para desarrollar sus actividades.
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el joven se encontraba realizando labores propias del campo cuando pisó la mina antipersona. La activación del artefacto le ocasionó heridas de extrema gravedad que finalmente provocaron su muerte.
La noticia volvió a poner en evidencia el riesgo al que permanecen expuestos los habitantes de diferentes sectores del Catatumbo debido a la posible existencia de artefactos explosivos instalados en zonas utilizadas habitualmente por la población civil.
Preocupación entre las comunidades campesinas
El caso de Víctor Manuel Corzo ha generado preocupación entre habitantes y líderes sociales de la región, especialmente porque los caminos rurales representan una vía fundamental para la movilidad de las familias campesinas.
En sectores apartados de Tibú, los habitantes deben desplazarse diariamente por trochas, caminos y carreteras rurales para llegar a sus viviendas, trasladar productos agrícolas o acceder a servicios básicos.
La presencia de minas antipersona convierte estos recorridos cotidianos en una amenaza permanente, especialmente cuando los artefactos se encuentran ubicados en zonas de tránsito de población civil.
Organizaciones de víctimas y líderes comunitarios han advertido sobre la necesidad de reforzar las acciones de prevención y de identificación de áreas que podrían estar contaminadas con artefactos explosivos.
La preocupación aumenta ante los reportes de otros jóvenes y habitantes que también habrían resultado afectados recientemente por minas en sectores del Catatumbo.
Solicitan intervención de las autoridades
Tras conocerse la muerte del menor, líderes sociales hicieron un llamado a las autoridades para que se adopten medidas que permitan establecer con mayor precisión cuáles son las zonas donde existe riesgo por la presencia de minas antipersona.
Entre las solicitudes se encuentra la realización de jornadas de verificación, señalización y desminado humanitario en los sectores donde las comunidades han advertido sobre posibles artefactos.
Los representantes comunitarios consideran necesario que estas acciones se desarrollen antes de que se presenten nuevos accidentes, debido a que muchas de las personas que transitan por estos caminos desconocen exactamente cuáles áreas pueden representar un peligro.
El llamado también está dirigido a fortalecer las campañas de prevención dirigidas a campesinos, niños, adolescentes y demás habitantes de las zonas rurales, con el propósito de reducir el riesgo de nuevos accidentes.
Una amenaza que afecta a la población civil
Las minas antipersona representan una de las consecuencias más graves que persisten en territorios afectados durante años por el conflicto armado.
Aunque los enfrentamientos o las acciones armadas pueden disminuir en determinados periodos, los artefactos instalados en el territorio permanecen activos durante largos periodos y pueden afectar a personas que no tienen relación alguna con el conflicto.
En el caso del Catatumbo, esta situación resulta especialmente preocupante debido a la extensión del territorio rural y a la dificultad que existe para identificar y limpiar completamente las zonas contaminadas.
La población campesina se encuentra entre los sectores más expuestos, debido a que sus actividades económicas implican desplazamientos permanentes por terrenos rurales, fincas, caminos y zonas de cultivo.
El fallecimiento de Víctor Manuel Corzo vuelve a llamar la atención sobre esta problemática y sobre la necesidad de avanzar en acciones de prevención y desminado que permitan recuperar espacios para las comunidades.
El riesgo en las zonas rurales del Catatumbo
Tibú es uno de los municipios más extensos de Norte de Santander y cuenta con numerosas veredas y centros poblados distribuidos en una amplia zona rural. Su ubicación dentro de la región del Catatumbo también ha estado marcada durante décadas por la presencia de diferentes actores armados y por dinámicas relacionadas con el conflicto.
Esta situación ha dejado consecuencias que todavía afectan a las comunidades, entre ellas restricciones a la movilidad, desplazamientos, amenazas y riesgo por artefactos explosivos.
La situación exige especial atención en los caminos utilizados por campesinos y trabajadores rurales, donde cualquier objeto desconocido o modificación del terreno puede representar un peligro.
Las organizaciones sociales han insistido en que las comunidades necesitan acompañamiento institucional y mecanismos claros para reportar posibles zonas contaminadas, además de información suficiente para evitar que las personas ingresen accidentalmente a lugares de riesgo.
Una nueva víctima de las minas antipersona
La muerte de Víctor Manuel Corzo, con apenas 17 años, representa una nueva afectación para una comunidad que reclama mayores garantías para desarrollar sus actividades cotidianas.
El caso también genera preocupación por la posibilidad de que existan otros artefactos en los alrededores del lugar donde ocurrió el accidente.
Por esta razón, cualquier intervención en el área debe realizarse bajo protocolos especializados, evitando que habitantes o personal no capacitado ingresen a sectores que puedan estar contaminados.
Los líderes sociales solicitaron que se adelante un proceso de revisión y desminado de la zona y que se establezcan medidas de protección para las comunidades que utilizan la vía hacia La Gabarra y los caminos rurales cercanos.
Mientras avanzan las solicitudes de la población, la muerte del joven vuelve a poner sobre la mesa una problemática que continúa afectando a las comunidades campesinas del Catatumbo: el peligro de artefactos explosivos que permanecen ocultos en el territorio y que pueden cobrar nuevas víctimas entre la población civil.
El llamado de las comunidades es a que las autoridades actúen de manera preventiva, identifiquen las zonas de riesgo y avancen en procesos de desminado que permitan recuperar la seguridad de los caminos rurales y reducir la posibilidad de que hechos como este vuelvan a repetirse.
